“Valorando como una opción altamente positiva la instalación en nuestro pueblo de una empresa de creación de energías renovables.la Corporación Municipal declara que se mantendrán las negociaciones con ACCIONA siempre que sea aceptable la viabilidad económica. Para que el Ayuntamiento subvencione a la empresa con 600.000 €, ésta debe generar 110 puestos de trabajo.
En igualdad de condiciones, ACCIONA deberá contratar a personas de Lumbier, tanto para trabajos indefinidos como estacionales. Se dará cumplida información a la población antes de que la Corporación tome una decisión.”
Este es el acuerdo de mínimos (plasmado en forma de declaración municipal) que el Ayuntamiento de Lumbier-Irunberriko Udala tomó sobre la implantación de Acciona Windpower en Lumbier-Irunberri en el pleno del 30 de octubre de 2007, tras un interesante debate.
La gran mayoría de quien ha leído estas líneas coincidirá con Ondalan que esta tarea debe realizarse con arreglo a la ley, como suele decirse, con luz y taquígrafos. Máxime cuando estamos hablando de una operación socioeconómica de cierto calibre.
El Ayuntamiento es administración e institución pública. El Ayuntamiento es gestor de los intereses de nuestro pueblo. El Ayuntamiento es velador del bien común. Y por ello, el Ayuntamiento debe dar cuenta de sus actuaciones ante la población.
Desde el primer día, en la primera página, la primera propuesta de ONDALAN cara al futuro, fue que nuestra actuación municipal estaría basada en la información veraz y completa a todo el vecindario. En nuestra opinión el Ayuntamiento debe ser transparente con todo y con todos.
Todo el mundo está de acuerdo con el beneficio social que supone la creación de 110 puestos de trabajo en una zona inactivada durante muchos años. ¿No es acaso muy positivo que la población de Lumbier-Irunberri pueda quedarse a vivir en el pueblo porque trabaja aquí? Por extensión, ¿no es igual de positivo que pequeñas poblaciones circundantes tampoco vean mermado su número de habitantes?
Y ONDALAN también está de acuerdo en seguir los pasos que marca la ley, en que todos los trámites sean con arreglo a la ley, en tener la seguridad jurídica de que las decisiones tomadas son legales. ¿Ha sucedido así? En el momento en que nuestros concejales han tenido dudas, las han planteado para intentar reconducir el tema.
Han carecido del apoyo jurídico necesario, suficiente y en el momento preciso, porque la Agrupación Independiente decidió que este tema lo llevara un asesor externo. ¿Por qué no aprovechar los recursos humanos que ya tenemos?
Queda muy bonito hablar en prensa de unanimidad en algunos acuerdos y feo obviar que informaciones dadas con posterioridad habrían roto esa unanimidad de haber sido conocidas en su momento (reversibilidad de terrenos, a modo de ejemplo). No estamos ante una situación baladí. No es una operación entre particulares que puedan hacer y deshacer a su antojo: una de las partes es institución-administración pública.
Y además al pueblo de Lumbier-Irunberri esta operación nos cuesta un buen dinero, trabajemos o no en Acciona. Hablando de trabajo, echamos en falta transparencia en la información sobre el modo de acceder a los puestos de trabajo: tipos de puestos, perfiles exigidos, lugar donde apuntarse, es decir, lo que comúnmente conocemos como “oferta de empleo” (que podría estar publicado, por ejemplo, en el tablón de anuncios).
Todo esto lo decimos porque nuestro interés es que la llegada de la empresa se produzca y lo haga en las mejores condiciones para nuestro pueblo y su desarrollo sostenible.
Lumbier-Irunberri, 22 de noviembre de 2008
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